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domingo, 13 de outubro de 2013

La paz no puede depender de promesas y de palabras

Enviado por Prensa de la fARC

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, Octubre 13 de
2013                      /



Hemos alcanzado hoy otro puerto intermedio en la línea del tiempo que
conduce al destino de paz que la historia le ha reservado a Colombia.



Nuestra fe y nuestra certeza brotan de la determinación de ponerle fin a
un conflicto de medio siglo de existencia.



Las guerras no son eternas; ellas deben tener un final. Si ambas partes
tienen voluntad sincera, nadie podrá contra la paz. Pero el gobierno
tiene la responsabilidad de no permitir que se nos escape esta
esperanza, porque posee en sus manos la decisión de los cambios, de
abrir las puertas a la democracia, y de atender alclamor de un pueblo
que exige paz con justicia social.



Todos sabemos que la paz no es el silencio de los fusiles. Concedemos al
gobierno que para dar curso a la construcción de la paz hay que detener
la confrontación. Sí, pero la razónimpone que antes de rubricar el
acuerdo final, es necesario convenir el contenido de las reformas
institucionales, que el mismo gobierno reconoce, deben ser implementadas
luego de su firma.



La paz no puede depender de promesas y de palabras sonoras, enfáticas,
pero de vida efímera. Las palabras, vistas desde el contexto histórico
de la solución de conflictos en Colombia, siempre se convirtieron en
engaño y en traición. Confiados en ellas cayeron abatidos por las balas
comandantes guerrilleros de la dimensión de Guadalupe Salcedo, Jacobo
Prías Alape y Carlos Pizarro Leongómez, entre otros.



Es indispensable para la generación de confianza, pactar lo que se
desarrollará más tarde, acorazar jurídicamente el eventual Acuerdo,
convertirlo en norma pétrea para que ningún gobierno caiga en la
tentación de desconocerlo; y sobre todo,hay que guarecerlo de las
injerencias de la juridicidad internacional con el despliegue de la
bandera de la soberanía jurídica, y con el hecho cierto -que todos los
colombianos debemos reivindicar-, y es, que ningún entramado jurídico
internacional puede estar por encima de la decisión del soberano, del
constituyente primario.



Sería un sofisma pensar que el gobierno en la mesa representa a toda la
sociedad. Es obvio que a lo que se enfrenta la contraparte, es a los
anhelos de las mayorías pobres, delineados en los foros temáticos
convocados a iniciativa de la mesa de diálogo, y que las FARC han
asumido como insumos para el debate y la formulación de propuestasal
gobierno, porque entienden que una verdadera agenda de paz solo es
legítima si responde a esos intereses de las mayorías nacionales.



El pueblo no es un convidado de piedra en el proceso; según el espíritu
del acuerdo, él debe ser un creador, y al final, el protagonista
principal de la refrendación. De eso se trata cuando se dice que "la paz
es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación
de todos, sin distinción".



Nadie podría concebir, por ejemplo, que en un país donde la mayoría de
su población vive en las ciudades, para definir los fundamentos de la
paz, no sea de agenda tocar la problemática urbana.



Así las cosas, reiteramos que uno de los compromisos pactados entre
gobierno y FARC,es que "las discusiones de la mesa no se harán
públicas". En ningún tramo de lo acordado se utiliza la palabra
confidencialidad, y mucho menos referida a lo ya convenido. Y esto es
importante porque, aparte de que si se quiere transparencia, nunca será
pertinente el secretismo, y para que el pueblo pueda opinar y decidir,
es necesario que tenga conocimiento de los avances que se concretan.



Luego de presentar cerca 100 propuestas para la Participación Política,
después de que en el mismo tiempo respondiéramos a todas las inquietudes
que fuera del orden de la agenda presentó el gobierno, y tras mostrar un
desempeño que colma las 24 horas del día para destrabar disensos y
mostrar soluciones cargadas de sindéresis y absoluta voluntad de
reconciliación, no es sensato que se pretenda mostrar a la insurgencia
como la parte del diálogo que frena los ritmos para el avance del proceso.



A pesar de que en la práctica el tratamiento represivo que se le da a
protesta ciudadana no muestra una real voluntad de solución a los
problemas sociales; si se observa bien, si se analiza con detenimiento
lo que en materia de acuerdos se ha pactado en La Habana, la opinión
nacional podrá percatarse que de nuestra parte, los puentes que hemos
tendido están soportados sobre los cimientos y columnas de preceptos y
normativas que no desbordan el ordenamiento constitucional. Pero por lo
visto hasta ahora, para el gobierno, cumplir con un mandato
constitucional entraña una auténtica revolución de alzados en armas. Por
eso nos invita a convertir en banderas preceptos constitucionales,
lanzarnos con ellas a una elecciones, triunfar, y ya en el gobierno,
hacerlas realidad.



No es realista pretender que admitamos que haga carrera la
unilateralidad en las determinaciones sobre temas cruciales, como el
marco jurídico para la paz y el asunto del referendo, respecto a los
cuales existía el compromiso de convenirlos en la mesa de conversaciones.



¿Quién coloca entonces los obstáculos, si de lo que se trata es que el
diálogo sea expedito, es decir, sin estorbos?



Si cuando hablamos de celeridad nos referimos a tiempos necesarios,
estos no pueden tener una dimensión tan breve que haga imposible
reflexionar de la mejor manera sobre los problemas que han causado una
guerra de más de medio siglo. Mucho menos los ciclos deben
desperdiciarse andando y desandando laberintos gramaticales ni
distrayendo la atención en nimiedades en detrimento de la solución a los
problemas fundamentales, concretos,  que con lenguaje sencillo está
planteando la gente en las calles.



Si se mantiene el absurdo de no dar a conocer con más frecuencia la
plenitud de lo que se conviene en cada ciclo, ¿de dónde se saca la
maltrecha idea de que el lento avance le resta apoyo a las
conversaciones? ¿Cómo puede saber el país cuál es la dimensión de ese
avance si se le priva de una información a la que tiene derecho? Cuánta
razón tiene el comandante Timoleón. No es justo colocar sobre los
hombros del proceso la desaprobación que la llamada opinión pública
tiene con respecto a quienes conducen la política oficial, como tampoco
que no se valore el daño que le produce su vinculación al proceso
eleccionario.



Desde Oslo y mucho antes el gobierno sabe que cuando tomamos la decisión
de iniciar el proceso de paz, nuestro propósito de fondo era discutir y
buscarle solución a los problemas estructurales que generaron el
conflicto político, social y armado que desangra a nuestro país. Con esa
convicción se firmó el acuerdo de La Habana, tal como de manera muy
breve pero precisa, se deja sentado en su preámbulo. Así que no son
pertinentes ni correctas las interpretaciones restrictivas que como
constante se le pretender imponer, ahí sí como obstáculo, al desarrollo
de las discusiones.



Solo quienes siempre han creído ignorante a nuestro pueblo, pueden
considerar que Colombia esté confundida o no tenga claro el propósito de
las conversaciones. Nosotros sí tenemos confianza en la sabiduría  de la
gente del común y por eso hemos retomado sus aportes, sus
reivindicaciones, sus sueños de nación, para hacer posible lo que
siempre se le ha negado: expresarse y tener vida digna.



En este cierre de ciclo el país debe tener clara una gran verdad:hemos
trabajado a fondo cada día; no ha habido jornada en la que no
presentemos propuestas y soluciones; no ha habido día en el que no
propiciemos un avance; por eso, aunque nos sentimos abrazados por el
manto del deber cumplido, estamos redoblando nuestros esfuerzos para que
podamos dar pronto la buena nueva de un informe satisfactorio sobre el
punto de participación política, que colme de optimismo y mayor
convicción los corazones de esa inmensa masa de desposeídos que
verdaderamente anhela la conquista de la paz.





*DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP*

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