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segunda-feira, 29 de julho de 2013

Comunicado DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

La Habana, Cuba, sede de los diálogos
de paz, julio 28 de 2013

El optimismo de los
colombianos en la posibilidad real de lograr la reconciliación
nacional, sobre bases de justicia social, no puede ser atropellado por
quienes, mientras lanzan al mundo discursos de paz, persisten en mantener
y profundizar las causas de la confrontación, una de las cuales es
sin duda el problema de la tenencia y uso de la tierra.

De
nada serviría hablar en La Habana de la limitación de la
propiedad de la tierra, del freno a su extranjerización, de su
formalización a favor de los pobres y de la soberanía
nacional, si el gobierno convierte lo acordado en palabras vacías
que se las lleva el viento.

La
inaplazable reforma agraria ligada al anhelo de paz, no puede quedar
reducida a una burla de poderosos grupos económicos, banqueros y
propietarios de emporios azucareros que posan de “nuevos
llaneros”, con “repentinas” ansias de tierra, que
avanzan poniendo por delante a abogados tramposos y mafiosos que operan
bajo el manto de la más descarada impunidad y protección
gubernamental.

Como
se deduce del tratamiento infame que se le está dando a las justas
protestas de los pobladores del Catatumbo, al gobierno no le interesa
defender al campesino pobre, sino los sacrosantos derechos del capital.
Hasta se ha inventado un nuevo proyecto de ley, como supuesta
solución salomónica, para que los forajidos enmascarados que
ostentan un gran músculo financiero y han actuado con probado
ingenio delictuoso en sus labores de acaparamiento de tierras y Unidades
Agrícolas Familiares, no vayan a perder su inversión.


¿Acaso
vamos a permitir que la sentencia de la Corte Constiucional que
tumbó los artículos 60, 61 y 62 del Plan Nacional de
Desarrollo, que pretendía abrirle paso al acaparamiento de las
tierras por parte de grandes empresarios, sea escamoteada por el Bufete de
abogados de la firma Brigard y Urrutia que trabaja para Riopaila Castilla
S.A., Cargill, Fazenda y Sarmiento Angulo?

¿Vamos
a permitir que por atajos y con triquiñuelas empresarios
apátridas y trasnacionales representados en Poligrow, Cementos Argos,
Mónica Semillas o Inversiones Manuelita, montados en la llamada
“locomotora de la prosperidad” violen todas las prohibiciones que
existen para acumular baldíos y atropellen impunemente las pocas
normas decentes de la legislación colombiana, haciéndose a propiedades
situadas en zonas donde se produjeron masacres y desplazamientos forzados,
como si no pasara nada?

El
país necesita saber, quiénes son esos
“campesinos” sospechosos que vendieron sus UAFs de 1.100 hectáreas a las
trasnacionales, a mil millones de pesos, cada una. Urge conocer la verdad,
porque la mayoría de esas tierras fueron despojadas violentamente
por el paramilitarismo de Estado.

El
gobierno en vez de inventarse trucos para feriar la Altillanura y legalizar
los acaparamientos producidos antes de 1994, o los posteriores, en vez de
reeditar su intento de tomar las UAF con el cuento de la
“flexibilización necesaria” y el argumento de que se
requieren los “favores” de la inversión extranjera o
del músculo financiero de “inocentes empresarios “ que
no sabían que violaban la ley, debiera quitar el antifaz a estos
negociantes, a sus testaferros y a sus notarios y jueces de bolsillo,
para demostrar con hechos que
no está dispuesto a permitir que se acreciente la injusticia que
ahoga al campo y la ilegalidad que ha capturado al
Estado.

El
gobierno está obligado a defender la diafanidad de su compromiso
con la paz propiciando que se devuelvan urgentemente las tierras
acaparadas, como los subsidios y excenciones tributarias que fluyeron
también hacia estos timadores. La justica ejemplarizante contra
estos sujetos y la reivindicación de los derechos de la gente del
campo que clama por que se le formalice la tierra y sus zonas de reserva,
hacen parte fundamental de la construcción de
paz.

Recordemos
que el acuerdo parcial sobre tierras logrado en La Habana consigna
textualmente, que: “El gobierno nacional en concertación con
las comunidades, y teniendo en cuenta lo planteado en los principios del
presente acuerdo, promoverá el acceso a la tierra y la
planificación de su uso en las Zonas de Reserva Campesina, haciendo
efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las zonas constituidas y
de las que se constituyan en respuesta a las iniciativas de las
comunidades y organizaciones agrarias que éstas consideren
representativas, de manera que cumplan con el propósito de promover
la economía campesina… se promoverá la
participación activa de las comunidades que habitan en las Zonas de
Reserva Campesina en la ejecución de sus planes de
desarrollo”.

Y
más adelante plantea que: “:La constitución de las
zonas estará acompañada de procesos de formalización
de la propiedad… Con el propósito de regularizar y proteger
los derechos de la pequeña y mediana propiedad rural, es decir,
garantizar los derechos de los legítimos dueños y poseedores
de la tierra…, y como garantía contra el despojo de
cualquier tipo, el gobierno nacional formalizará progresivamente,
con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los
predios que ocupan o poseen los campesinos en
Colombia”.

Es
hora de empezar a cumplir y dejar de reprimir. Es extraño que este
asunto lo maneje el ministerio de Defensa -que sólo mira con el ojo
de la consolidación militar- y no el ministerio de agricultura. Es
hora de abandonar el argumento rebuscado de que no se dará paso a
la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo por su ubicación
geográfica colindante con la República Bolivariana de
Venezuela.

DELEGACIÓN
DE PAZ DE LAS FARC-EP

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